En Durango aún se está a tiempo de enmendar los errores legislativos y operativos del sistema penal, antes de que se suscite una desgracia
Urgente revisar el sistema penal
Por Alberto De la Rosa Olvera
Chihuahua padece una conmoción social no solamente por los altos índices de inseguridad y violencia que los ha azotado en los últimos años, sino por las inconsistencias de su sistema penal, en donde los chihuahenses se lamentan que es un mecanismo favorecedor de los delincuentes en lugar de las víctimas.
Sin duda que esto es sorprendente porque el estado de Chihuahua, además de contar con mayor experiencia en el sistema penal acusatorio, tienen presupuestos altísimos en procuración y aplicación de justicia y a pesar de todo, se siguen teniendo grandes deficiencias, mismas que ya alteraron el humor de la sociedad de esa entidad federativa.
Este asunto debe servir como espejo para los duranguenses, dado que se copió el modelo del nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua, en cuya construcción intervinieron jueces y agentes del ministerio público de nuestro estado vecino, a quienes se les asignó por parte del gobierno estatal, un sueldo generoso y demás prestaciones como vehículos y casa-habitación; ellos llevaron mano en las definiciones, a quienes las autoridades locales obedecieron a pie juntillas.
Sin embargo, también los duranguenses ya han sido afectados por las inconsistencias de este sistema pero en el caso de Durango se debe, en su mayoría, porque se tuvo una implementación acelerada; esto con fines políticos y mediáticos del anterior gobernador, que siempre se preocupó de gobernar a través de impactos masivos en los medios de comunicación.
Esto trajo como consecuencia que no se tuviera una amplia cobertura en la capacitación de toda la comunidad jurídica así como en hacer campañas agresivas de difusión para que la sociedad estuviera enterada del cambio que se iba a suscitar, pero insisto en que todo fue por la urgencia de echar a andar este nuevo sistema, para lo cual se legisló de manera exprés y se puso en marcha de igual forma, porque era el deseo del anterior mandatario estatal, que el nuevo modelo de justicia penal, entrara en vigor a partir del 14 de diciembre, fecha muy significativa para él.
Además, durante el tiempo en que se estuvo trabajando para afinar la reforma penal, surgió una disputa entre el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolonio Betancourt y el entonces Procurador de Justicia, Daniel García Leal, quienes querían llevarse los méritos de esta reforma, en donde lo más novedoso eran los juicios orales. Este enfrentamiento provocó que cada quien quisiera imponer sus propios criterios y que se formaran dos grupos operativos que trabajaban por separado.
No obstante, todas las fallas que se han registrado de este sistema se pueden corregir. Resulta indispensable que nuevamente los representantes de los tres poderes inicien con las correcciones que se obtendrían mediante la evaluación minuciosa de la implementación de los juicios orales y las labores de la Fiscalía General, esto con el propósito de evitar que las tareas de persecución y castigo de los delitos, terminen por colapsarse y vivamos una situación todavía peor a la de Chihuahua y vaya que en Durango aún se está a tiempo de enmendar los errores legislativos y operativos del sistema penal, antes de que se suscite una desgracia y sea ésta la que los obligue a modificar las fallas.
Hitos.mx
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